Cuando una empresa envía información a una autoridad de forma automática, hay que resolver varias cuestiones a la vez: qué datos se comunican, con qué fundamento jurídico, quién puede acceder a ellos y cómo se acredita después lo que ocurrió. La tecnología facilita el intercambio, pero la seguridad jurídica depende de que estas preguntas estén respondidas antes de poner el sistema en marcha.
MAS Abogados asesora desde hace años a administraciones y empresas en el diseño de procedimientos administrativos y en su paso a la administración electrónica. Siempre lo hemos hecho con la misma condición: que la rapidez de los trámites digitales no se obtenga a costa de las garantías legales ni de la accesibilidad. En proyectos de intercambio de datos regulatorios, nuestro trabajo se organiza en torno a cuatro tareas. La primera es el análisis jurídico previo, que consiste en determinar qué datos se tratan, con qué finalidad y entre qué intervinientes, y cómo se aplican en cada caso las obligaciones europeas sobre protección de datos, acceso a la información, ciberseguridad y confidencialidad empresarial. La segunda es la definición de las reglas de gobernanza: políticas de calidad y custodia de la información, ciclo de vida de los datos y atribución clara de responsabilidades entre empresas, entidades gestoras y autoridades. La tercera tarea tiene que ver con la seguridad y la auditabilidad. Colaboramos con los equipos técnicos en fijar los requisitos jurídicos que deben reflejarse en el control de accesos, el registro de actividad y las pistas de auditoría, de manera que cualquier supervisor pueda comprobar cómo se ha tratado la información. La cuarta es la redacción de los acuerdos entre participantes, que reparten obligaciones y riesgos de forma equilibrada. Es un aspecto decisivo cuando varias entidades comparten datos y ninguna quiere asumir una responsabilidad que no le corresponde. Este trabajo se apoya en nuestra experiencia en redacción de textos normativos, en diagnósticos legislativos y en el diseño de protocolos internos, así como en nuestra participación en proyectos europeos, donde las exigencias de seguridad, confidencialidad y gestión de la información se extienden a todo el consorcio. Un sistema bien construido desde el punto de vista técnico solo puede desplegarse si cuenta con este respaldo jurídico que es nuestro trabajo.
